Manuel Sánchez Benavides, vicepresidente de la Zona V, de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, A.C. (CONATRAM) dejó clara la postura de su organización ante la aprobación del Congreso de Jalisco con respecto a la restricción de horarios y la creación de un permiso de circulación especial para vehículos pesados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y en entrevista aseguró que los legisladores no tuvieron la sensibilidad necesaria para atender el llamado del sector, minimizando la importancia del autotransporte de carga en la vida productiva de Jalisco y del país.
El transportista se dijo consciente de las necesidades actuales que tiene la ZMG en materia de movilidad, y aseguró que como organización, siempre se mostraron dispuestos al dialogo, sin embargo, aseguró que a pesar de sus múltiples esfuerzos, jamás encontraron eco a sus peticiones, y denunció que el contenido de la iniciativa aprobada, fue cambiando conforme pasó el tiempo, ya que de manera inicial, se privilegiaba el tema de la seguridad vial y rescate de la infraestructura, mientras que, al momento de la votación, se trató únicamente de un tema recaudatorio, que contempla cobros, por concepto de permiso de circulación especia que van desde los 18,000 pesos para unidad sencilla, y 36,000 pesos por vehículo doblemente articulado.
El representante de los transportistas de Jalisco, se mostró inconforme por la medida aprobada y aseguró que se trata de un impuesto sin precedente que corre el riesgo de ser replicado más adelante por otros municipios y estados, además, explicó que el sector del autotransporte ya carga muchos impuestos y cargas fiscales, por lo que agregar uno más a la lista, sin obtener un beneficio a cambio, afectará a la competitividad de Jalisco.
“El costo aproximado del permiso será de 18,000 pesos para unidad sencilla y de 36,000 pesos por un full, es un costo anual, sin embargo, se especifica que en caso de que un vehículo solo vaya a ingresar una vez, debe pagar dicho permiso, ya que de no hacerlo se contemplan multan que podrían llegar a los 14,000 pesos, por lo que tememos que muchas empresas vayan a alejarse de la entidad, pues como transportistas nosotros no vamos a hacernos responsables por el costo del permiso, sino que, el incremento será trasladado a los consumidores finales”.
Aunque varias autoridades aseguraron que el incremento correspondiente no afectará a los usuarios, Sánchez Benavides, habló sobre futuras escaladas de precios, ya que la cadena de suministro tendrá que realizar muchos cambios, lo que sin duda, significará aumentos.
Al hablar sobre las restricción operativa – de las 6 a las 9 horas- el transportista, se dijo a favor de apoyar a la construcción de una ciudad más limpia y ordenada, sin embargo, explicó que no están dadas las condiciones de trabajo real para detener su labor de manera diaria, ya que al no existir los denominados “paradores seguros”, las unidades tendrán que instalarse en el área de acotamiento o incluso dentro del carril de baja velocidad, lo que afectará la circulación y dejará en desprotección a los operadores, unidades y mercancías, ante la delincuencia organizada.
Al comparar la restricción de ingreso aceptada por el Congreso, con las que ya ocurren en el Estado de México o Monterrey, Manuel Sánchez, explicó que en ninguna de las dos entidades existe ningún tipo de cobro, eso sin mencionar que ambos destinos cuentan con una infraestructura diferente, que tiene rutas alternas, lo que evita que el autotransporte frene completamente su labor. Además, el vicepresidente explicó que al tratarse de un transporte de orden federal, la regulación correspondiente es la NOM-012 de SCT que regula los pesos y las dimensiones.
“Estamos decepcionados por el trato que se nos da, nos pintan como los malos, cuando en realidad sólo hacemos nuestro trabajo, llevamos a la industria, los centros de distribución y mercados, los miles de productos y materias primas que utilizan de manera diaria, es muy lamentable la situación en que nos están poniendo, cuando proveemos a 73 sectores comerciales”.
Finalmente, el transportista no descartó el recurrir a un amparo, para seguir trabajando, y explicó que hasta que no existan –como mínimo- los paradores seguros que ofrezcan a los operadores las mínimas condiciones de confort y seguridad, no ven viable la aplicación normativa tal y como está dispuesta en la ley.